José María Sánchez Monge* | Madrid
En los últimos 25 años, la atención en salud mental en España ha experimentado una mejora sin precedentes. Desde aquellos lúgubres hospitales psiquiátricos a las unidades de salud, los centros de día o los programas de rehabilitación actuales, ha ocurrido un verdadero cambio de paradigma que va desde la intención de aislar al enfermo al objetivo de incluir a la persona. Todavía persisten las carencias, las situaciones intolerables y la desatención casi total a algunos colectivos. Pero hay que reconocer, y desde las asociaciones de personas con enfermedad mental y familiares así lo hacemos, que nos hemos beneficiado de mejoras que hace sólo un par de décadas resultaban impensables.
Ilustración de El Mundo
Sin embargo, esas mismas asociaciones observamos con enorme preocupación cómo los actuales recortes presupuestarios pueden afectar gravemente la atención en salud mental en nuestro país. No sólo porque se reduzca el número de servicios, sino porque ese intento de ahorro conduzca a un cambio de modelo centrado únicamente en las emergencias y en el que se descuiden aspectos considerados a veces "secundarios", pero que resultan indispensables, como son la prevención, la atención domiciliaria o la integración social.
El riesgo de que esto ocurra es real y ya lo estamos sufriendo en algunas comunidades autónomas. Sin embargo, esta opción sólo presenta inconvenientes. Por una parte, los servicios de atención en salud mental, tanto sociales como sanitarios, deberían no sólo mantenerse, sino mejorar y extenderse a todas las personas que lo precisen, dado que suponen un derecho fundamental. Pero es que además el modelo de atención continuado dentro del ámbito comunitario resulta más económico a corto, medio y largo plazo que el que se limita simplemente a "solucionar las crisis".
Cada euro gastado en prevención de los trastornos mentales evitará un gasto infinitamente mayor en el futuro. La oportunidad de un diagnóstico temprano y certero permite que la persona afronte pronto su patología, evitando el importante deterioro que se produce cuando se desarrolla una enfermedad de este tipo sin abordar. Cuanto antes se inicie un tratamiento, menores serán los costes -personales y económicos- que se deriven de la aparición de ese trastorno y más rápida y efectiva será la recuperación.
Cada vez mayor autonomía
Diferentes programas, ovalados por la Organización Mundial de la Salud, han demostrado que, al garantizar una atención continuada a las personas con enfermedad mental dentro de su comunidad, se reduce considerablemente el número de ingresos hospitalarios, siendo ésta la partida más costosa de todo tratamiento. En definitiva, este sistema favorece que la persona goce cada vez de mayor autonomía y requiera menos servicios, pasando así de ser un ciudadano atendido a un ciudadano activo.
Por tanto, si las Administraciones Públicas quieren ahorrar en atención en salud mental, lo primero que deben evitar es el síndrome de la puerta giratoria, por el cual en muchas ocasiones la persona con enfermedad mental, apenas pisa la calle tras un ingreso hospitalario, deja de recibir cualquier tipo de seguimiento sanitario ni apoyo social. Esto impide la mejora en la atención del trastorno y que en poco tiempo esa persona tenga que volver a entrar por la puerta de un hospital. Con el gasto y sobre todo el sufrimiento personal que esta situación provoca.
Se trata de una cuestión de derechos fundamentales, desde luego. Pero en un momento como el actual también debemos elegir las soluciones que presenten mayor eficacia a menores costes. En este sentido, todas las actuaciones deben dirigirse a que las personas con problemas de salud mental se involucren en la toma de decisiones sobre su tratamiento y que éste trate de fomentar su autonomía en el mayor grado posible.
Para ello, en España no hace falta pensar en más leyes ni acuerdos, basta con terminar de cumplir los ya aprobados. La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, documento consensuado por todas las Comunidades Autónomas, es una excelente guía para todas las actuaciones en este ámbito. La Ley de Autonomía Personal, si se desarrolla adecuadamente, es la palanca perfecta que permitiría al colectivo de las personas con discapacidad fruto de una enfermedad mental pasar de "recibir atención" a "disfrutar la integración".
Los derechos sociales no deberían bailar al son de los recortes presupuestarios. Pero en cualquier caso, las Administraciones Públicas no pueden permitirse el aumento del gasto que se produce cuando la atención en salud mental es intermitente y por tanto insuficiente. Así que, por el bien de todos, las personas con enfermedad mental y sus familiares nunca aceptaremos el infinito coste humano que provocan las faltas de atención en este tipo de trastornos, como tampoco renunciaremos a ser parte activa, y productiva de la sociedad.
